Uso del domicilio familiar: ¿se atribuye o se distribuye?, ¿es posible sustituirlo por dinero?

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Otra de las novedades del Libro Segundo Código Civil de Cataluña (CCC) es que por vez primera el legislador plantea la posibilidad de que el uso del domicilio familiar sea DISTRIBUIDO entre los cónyuges. (Art. 233-20) La ley trata dicha alternativa en caso de acuerdo, con lo que se plantea la duda de si el juez podrá determinarlo en casos de divorcio contencioso. Hasta ahora dicha posibilidad la habíamos propuesto en convenios reguladores, sobretodo en casos de matrimonios jóvenes, particularmente es una posibilidad que he podido plantear con éxito en divorcios sin hijos y como medida temporal hasta que el piso logre venderse. Pero, como digo, la novedad está en que, al regularlo la ley, da la impresión de que se abre la posibilidad a que el juez pueda acordarlo aún en defecto de acuerdo. Comparto la opinión con la Magistrada Mercedes Caso, quien en su interesante y práctica ponencia que tuvo lugar en las Jornadas de Derecho de Familia organizadas bajos los auspicios de Iuris Formació en el Abad Oliva, los días 13 y 20 de diciembre, se pronunció a favor de dicha posibilidad, aún en caso de conflicto.
De hecho, es una solución en aquellos casos en que no pueda determinarse cuál es el interés familiar más necesitado de protección.

En relación al uso de la vivienda familiar existen más novedades interesantes en la nueva normativa, como es el hecho de que se regula la posibilidad de pagar la prestación compensatoria ATRIBUYENDO el uso del domicilio familiar (Art. 233-20 y Disposición Transitoria Tercera) . Si bien, esta posibilidad no está contemplada en la regulación de la prestación compensatoria, sí lo está en la del uso del domicilio familiar. Es una posibilidad interesante, cuyo régimen fiscal, trataré en otra entrada, una vez lo haya estudiado.uso del domicilio familiar

Existen más novedades, pero quiero destacar una que a mí me ha llamado poderosamente la atención que es la relativa a las causas de extinción. Es la primera vez que se establece que la convivencia marital con otra persona o el matrimonio es causa de extinción del uso de la vivienda (Art. 233-24.2, b), lo cual va ligado a un dato que constamente subyace en la nueva regulación: la insistencia en la temporalidad de su atribución. Por ejemplo, cuando se atribuye en consideración a la guarda de los menores, la finalización de ésta puede dar lugar a la extinción del derecho de uso, lo cual significa que cuando el menor de los hijos cumpla 18 años, podrá extinguirse la atribución del derecho de uso, cuestión hasta ahora en la que la ley no entraba tan directamente. Si bien, puede operar la extinción, también es verdad que la ley habla de la posibilidad de pedir prórroga, se entiende, que en principio, una. Pero como venía diciendo, por primera vez en la historia, se dice claramente que el matrimonio o la convivencia marital del cónyuge beneficiario del uso con otra persona es causa de extinción del derecho de uso. Sin embargo esta causa de extinción operará cuando, y así lo han expresado voces autorizadas, la atribución no fue otorgada en atención a la guarda, porque si fue así, y ésta dura, dicha causa no puede provocar la extinción. En ese sentido, se pronunció la ponente a la que me he referido más arriba. Y hay quien ha añadido, y lo incluyo aquí porque yo lo comparto, que dicha causa puede ser invocada sólo en casos de cotitularidad de ambos ex cónyuges del domicilio familiar.

También es relevante por su novedad, y el juego que da, la posibilidad de sustituir el derecho de uso por dinero, y lo más atractivo de la regulación es que se nos va a permitir aplicar esta medida a derechos de uso ya atribuidos en virtud de sentencias judiciales dictadas con arreglo a la anterior regulación, planteando una modificación de medidas al amparo de la Disposición Transitoria Tercera, punto 3 del Libro Segundo del Código Civil de Cataluña.

Por último, el legislador de una manera sorprendente determina que el que tiene atribuido el derecho de uso ha de pagar los tributos y tasas de meritación anual, además, claro está, de los gastos ordinarios de conservación, mantenimiento y reparación de la vivienda. ( Art. 233-23). Es decir, que el IBI y similares pasa a ser obligación exclusiva del titular del derecho de uso. Sorprende dicha estipulación pues hasta ahora la jurisprudencia resolvía la cuestión remitiéndose a la propiedad y estableciendo que se pagaba en atención al título constitutivo.

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